Esta semana hemos superado con éxito los obstáculos de la derecha española a la tramitación del nuevo impuesto de Transacciones Financieras. Del mismo modo que en el caso del Impuesto a Determinados Servicios Digitales, los socialistas pretendemos, con estos impuestos, avanzar en la reforma fiscal para adaptarla a la cambiante realidad económica. La creciente globalización y digitalización de la economía, a lo largo de los últimos años, han permitido el incremento del movimiento de capitales facilitando el carácter especulativo de determinadas operaciones que ahora pretendemos gravar.
En este sentido, el impuesto indirecto de nueva creación, de transacciones financieras, pretende gravar con un 0.2% “las operaciones de adquisición de acciones, no realizadas en el mercado primario, de sociedades españolas, con independencia del lugar de residencia de los agentes que intervengan en este tipo de operaciones, siempre que sean empresas cotizadas y que el valor de la capitalización bursátil sea superior a los mil millones de euros”.
Desde el año 2013 España forma parte del grupo de países de la Unión Europea en el procedimiento de cooperación reforzada para la adopción de una directiva sobre la implantación armonizada de este impuesto, conjuntamente con Alemania, Francia, Austria, Bélgica, Eslovaquia, Eslovenia, Grecia, Italia y Portugal. Sin embargo, a pesar de haber transcurrido más de siete años, no ha sido posible aprobar una Directiva en este sentido. Pero el que no se haya conseguido la deseada armonización hasta el momento no puede ser la excusa para que España renuncie a derechos que legítimamente le corresponden, del mismo modo que no lo han hecho países de nuestro entorno como Francia e Italia. Y, en todo caso, en el momento en que se aprobara un impuesto armonizado a nivel Europeo, España tiene el compromiso de adaptarlo en aras a evitar cualquier tipo de distorsión.
Sólo desde la demagogia, la incoherencia y la inconsistencia, se puede entender que el partido popular haya presentado una enmienda a la totalidad a un impuesto que el anterior ministro de hacienda, Sr. Cristóbal Montoro intentó incorporar al sistema tributario. Una vez más, al igual que con el impuesto de servicios digitales , la única verdad del partido popular es “Con Montoro SI pero con Montero NO”. Renunciar a los recursos económicos que se pueden recaudar con estos nuevos impuestos es inexplicable pero en estos momentos tan complejos es injustificable e irresponsable
Para terminar, quiero poner en valor el trabajo y esfuerzo realizado por el gobierno progresista liderado por Pedro Sánchez, de la mano de la ministra socialista de hacienda, para modernizar nuestro sistema tributario con el objetivo de avanzar en justicia, en la mejor redistribución y eficiencia. Aumentar así la capacidad recaudatoria del país será fundamentar para el mejor sostenimiento y fortalecimiento del Estado del Bienestar.
