Esta semana hemos convalidado en el Congreso de los Diputados el Real Decreto Ley  20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el Ingreso Mínimo Vital. Una iniciativa impulsada por el gobierno progresista liderado por Pedro Sánchez que ha sido aprobada sin ningún voto en contra. Un éxito, por tanto, de la sociedad española. El vicepresidente Pablo Iglesias y el Ministro José Luís Escrivá se encargaron de su presentación. Maria Luisa Carcedo, ex Ministra de Sanidad y Diputada en el Congreso fue la encargada de la defensa de la posición socialista

Este nuevo derecho nace de varias reflexiones, como así decía el Ministro Escrivá, en la presentación y defensa de la iniciativa, la existencia de un problema estructural de desigualdad en España, la volatilidad de las carreras laborales y los obstáculos consolidados para salir de la pobreza.

PRIMERO.- Los datos y las estadísticas son reveladoras, “España tiene un problema estructural de desigualdad y pobreza”. No sólo se evidencia en momentos de crisis sino que en tiempos de recuperación económica no se ha conseguido atajar esta situación. Fortalecer una “red sólida y potente de protección de rentas mínimas” es sin duda, la finalidad a conseguir.

SEGUNDO.- El mercado laboral ha ido cambiando a lo largo de las últimas décadas. La digitalización y los avances tecnológicos requieren de mano de obra más cualificada y formada. Los empleos intensivos en mano de obra cada vez son menores y la volatilidad de las carreras laborales aumenta con el tiempo. Esto es, que a diferencia de lo que ocurría en tiempos pasados, mantenerse en el mismo puesto de trabajo durante toda la vida es cada vez más difícil. La precariedad laboral o lo que los ingleses llaman “working poor”, pobreza laboral va creciendo por lo que es evidente que la protección social no puede quedar exclusivamente vinculada al empleo. El empleo no siempre garantiza unos niveles suficientes de mínima calidad de vida. Garantizar las necesidades básicas de la ciudadanía es invertir en una sociedad más cohesionada, comprometida con unos valores de igualdad en el acceso a las oportunidades y de justicia.

TERCERO.- Se trata de un seguro colectivo , de rescate de personas. Tenemos un sistema social consolidado cuya competencia está en manos de las comunidades autónomas y cuya gestión se desarrolla a través de los equipos de base de los servicios sociales de los ayuntamientos. Ellos conocen bien el problema. Con las crisis se acelera la necesidad de este instrumento en todo el territorio. Los obstáculos para salir de la pobreza son cada vez mayores. Porque cuando más pobre, menos formación y más dificultades para acceder a las ayudas. Pero, como en todo avance democrático, la cuestión no está exenta de debate. ¿Cómo hacerlo de la mejor manera posible?, ¿cómo dotar de recursos a quien realmente lo necesita como empuje para salir del hoyo?  Es una cuestión de todos. Ya había comunidades autónomas trabajando en este tipo de iniciativas, como es el caso del País Vasco con la “Renta de Garantía de Ingresos” o  el de la Comunidad Valenciana con la “Renta Valenciana de Inclusión”. Pero no por ello, debemos minusvalorar la propuesta. Todo lo contrario. La consolidación de un derecho social de estas características, dota a todo ciudadano y ciudadana, el mismo derecho, con independencia de donde viva en nuestro país. El trato distinto a estas comunidades, en cuanto a la sujeción a este instrumento, tiene su origen en dispares realidades y diferente sistema de financiación. Una situación que excede del debate puntual de la iniciativa en cuestión. No debe analizarse desde la confrontación entre comunidades, sino desde el posible avance de los beneficiarios. Debemos repensar las políticas públicas para conseguir mejor nuestro objetivo y se consigue mejor desde la coordinación y el esfuerzo aunado de todas las administraciones implicadas. Este objetivo, que nos hace mejor como sociedad , no puede ser objeto de discordia en el ámbito de las competencias.

El INGRESO MÍNIMO VITAL será tramitado en el Congreso como Proyecto de Ley, lo que nos permitirá continuar trabajando en su mejora y consenso. Sin duda, avanzar en cohesión social nos hace mejores como sociedad y como país.

 

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