Empezamos este nuevo curso político cargados con grandes dosis de energía  para retomar una legislatura que está siendo dura al mismo tiempo que apasionante. Nos hemos tenido que enfrentar a la peor pandemia global de los últimos 100 años con el parlamento más fragmentado de la era democrática. Una difícil coyuntura política que en lugar de generar complicidades ha puesto de manifiesto, más si caben, las diferencias entre partidos.

Desde el primer día de la legislatura el grupo mayoritario de la oposición no nos ha dado tregua. Ni 100 días tuvo este gobierno. Y, con la irrupción de la pandemia, el debate parlamentario, lejos de enriquecerse ante la complejidad del momento, se ha ido endureciendo con descalificaciones dirigidas al gobierno “haga lo que haga” y “diga lo que diga”. Nos exigieron el estado de alarma y cuando lo pusimos en marcha lo recurrieron al Tribunal constitucional. Cuando el gobierno decidió prorrogar el estado de alarma no lo avalaron y cuando lo suspendimos nos criticaron por no prorrogarlo. Llevamos más de 1.000 días sin poder renovar el Consejo del Poder Judicial. Tampoco se han renovado instituciones como el Tribunal Constitucional (sin renovar desde noviembre de 2019), el Tribunal de Cuentas (sin renovar desde julio de 2012) y el Defensor del Pueblo (sin renovar desde julio de 2017). Un bloqueo institucional que el principal partido de la oposición no pretende desbloquear con la excusa de querer cambiar la ley.

¿Qué legitimidad puede tener un partido que se niega a cumplir una ley porque no le gusta? Una ley de elección que les ha parecido bien mientras ellos gobernaban pero que justo ahora ya no les gusta. No tienen reparos en demostrar su estrategia del “todo vale” para intentar retener cualquier control que puedan ejercer.  Cueste lo que cueste, caiga quien caiga. Cualquier desgracia o nuevo reto lo han intentado convertir en arma arrojadiza contra el gobierno sin mostrar ni sensibilidad ni ganas de arrimar el hombro. Nos ha mostrado su deslealtad hacia España viajando a Bruselas, para poner en cuestión al gobierno, para intentar evitar que lleguen los fondos europeos. Se niegan a ver cualquier avance y desoyen los elogios que los mandatarios europeos hacen de la gestión Española como la realizada en Afganistán. Y, lo peor, las encuestas en los periódicos no reprochan con contundencia la actitud frentista de la derecha. Una confrontación dialéctica y una actitud agresiva que empieza a hacer mella en una sociedad cada vez más centrada en sus necesidades y expectativas personales.

Todavía estamos en plena resaca de la crisis pandémica, no se descartan nuevas olas aunque menos intensas, las consecuencias de las medidas todavía se notan y las incertidumbres no han desaparecido del todo. Pero ya hay muchas señales para el optimismo.  Todos los organismos internacionales nos señalan como el país que más crecerá en los próximos meses y la capacidad de superación de la sociedad española está más que demostrada. No perdemos la confianza en una sociedad española que no se rinde, que resiste y que se adapta y crece ante las dificultades. Nadie puede negar que muchas personas hemos contribuido con trabajo, esfuerzo y empeño a arrimar el hombro, a aportar más que a criticar y a aprobar medidas para intentar no dejar a nadie atrás, a aprobar grandes leyes que nos sitúan a la vanguardia de los grandes retos y transformaciones sociales y medioambientales a los que nos enfrentamos. Y eso, estoy segura que algún día, con perspectiva, se sabrá bien valorar.

El gobierno presidido por Pedro Sánchez y el grupo parlamentario socialista encabezado por Adriana Lastra y Rafa Simancas nos hemos dejado la piel durante estos meses de resistencia, aprobando medidas que amortiguaran las consecuencias del confinamiento, ERTES, ayudas a autónomos y empresas, y la conformación de un escudo social para proteger a los más vulnerables. El gobierno de España ha transferido a las comunidades el mayor volumen de recursos para proteger el sistema de salud, la educación, el sistema de dependencia y servicios sociales y una vez superado el confinamiento ha reactivado la economía, animado el consumo y la inversión privada. Y ahora, todos los esfuerzos se centran porque la recuperación económica se traduzca en más oportunidades laborales, mejores salarios y mejores pensiones.

Cierto es que algunas dificultades apremian solucionar: El empeño porque la subida de los precios de la luz en los mercados mayoristas no se traduzcan en mayores importes en la factura eléctrica para el consumidor es un objetivo prioritario que se ha traducido en un compromiso expreso del presidente del gobierno, anunciando que la factura media a finales de año no será superior a la del 2018. La necesaria la renovación de los órganos constitucionales sin contar con la lealtad institucional de aquellos que prefieren anteponer sus intereses partidarios a los de la sociedad española y el cumplimiento del plan de recuperación, transformación y resiliencia que supone una gran oportunidad para nuestro país.

Nuevos desafíos para un nuevo periodo de sesiones que ahora iniciamos con nuestro nuevo portavoz Héctor Gómez y nueva Secretaria General Rafi Crespins en el Congreso y con la Portavoz Eva Granados en el Senado. Una nueva etapa que iniciamos con la esperanza y deseo que sea productiva y exitosa en acuerdos y avances legislativos.

 

 

 

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